El presidente de los Gestores Administrativos, Fernando Santiago, ha advertido este jueves de que la ayuda de 200 euros para personas con ingresos inferiores a los 27.000 euros anuales puesta en marcha por el Gobierno es un «regalo envenenado», pues al igual que ocurrió con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o las prestaciones percibidas en la pandemia por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), no está exenta en el IRPF.
«Un buen número de los que la perciban pueden estar obligados a presentar la declaración del IRPF del ejercicio 2023, que se presentará en la primavera de 2024, porque se trata de una ganancia patrimonial no exenta que no está sujeta a retención», explica Santiago.
Así, según denuncian los gestores administrativos, para estar obligado a presentar la declaración, bastará con que, además de la ayuda de 200 euros, sus beneficiarios perciban más de 1.000 euros anuales por la suma total de los rendimientos del trabajo, del capital mobiliario o inmobiliario, de otras ganancias patrimoniales -con o sin retención- o de rendimientos de actividades económicas.
Esta situación, critican los gestores, genera «inconvenientes administrativos» a los perceptores de la ayuda por tener que presentar la declaración, «con la posibilidad de que ésta salga a pagar».
«O, lo que es bastante peor, en el caso de que declaren rentas anuales superiores a 1.800 euros anuales por todos los conceptos, puede suponer a sus descendientes o, en su caso, a sus ascendientes, perder la posibilidad de practicar los correspondientes mínimos familiares por descendientes, ascendientes o discapacitados», advierten.
Éste sería el caso, explican, de un contribuyente obligado a declarar por este concepto, por ejemplo un padre mayor de 65 años incluido en la declaración de su hija, o el de un hijo incluido en la declaración de sus padres, que practica el correspondiente mínimo familiar por convivencia y dependencia y aún por discapacidad. El importe de los mínimos familiares que pueden verse comprometidos oscilan entre los 1.150 euros y 14.150 euros, por término general.
«Algo parecido sucede con los 400 euros del bono cultural o las ayudas o bonos que las entidades locales facilitan para impulsar el comercio o el turismo», subrayan los gestores.
«Mis compañeros nos están transmitiendo su preocupación porque, cuando van a realizar la solicitud, se encuentra con que la mayor parte de los potenciales solicitantes son personas con escasos recursos, que se van a ver obligados a presentar el año que viene la declaración y que puede que, entre el coste de realizarla (se la tiene que realizar un profesional) y la posibilidad de que el resultado sea a pagar, los 200 euros se conviertan en un verdadero problema», afirma Fernando Santiago.
El presidente de los gestores administrativos «no logra entender» por qué tras las advertencias con el IMV y las prestaciones por ERTE, el Gobierno no ha tenido en cuenta estas implicaciones fiscales. «Luego se llevarán las manos a la cabeza si la ayuda es un fiasco, si dentro de un año se queja todo el mundo o si les decimos que sólo les preocupa el voto», ha añadido Santiago.
Los gestores ejemplifican su advertencia sobre la ayuda de 200 euros poniendo el caso de una persona que en 2021 tuvo unos ingresos de 20.553,4 euros, con una retención de 1.966,2 euros y pagos a la Seguridad Social por valor de 1.304,2 euros.
Para Santiago, la solución a este problema pasa por que el Gobierno modifique la norma y especifique que esta ayuda está incluida entre las ganancias patrimoniales exentas o que su percepción no obliga a presentar declaración a quienes no estuvieran obligados a hacerlo por otras rentas. De hecho, el presidente de los gestores administrativos recuerda que en la norma que regula esta ayuda se establece la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda pueda «desarrollar, interpretar o a …
Gestores administrativos avisan: la ayuda de 200 euros, «un regalo envenenado», por no estar exenta en IRPF
De hecho, el presidente de los gestores administrativos recuerda que en la norma que regula esta ayuda se establece la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda pueda «desarrollar, interpretar o aclarar» su contenido.
